Entre 2011 y 2018, los proyectos de inspección y vigilancia recibieron el 3% del presupuesto de subsidios, con un máximo del 5% en 2013. En 2019 no se otorgaron subsidios bajo este concepto. Los proyectos son concertados con la Dirección General de Inspección y Vigilancia y condicionados a fortalecer el esquema de inspección y vigilancia del Estado. Los beneficiarios toman el papel de Instancias ejecutoras del presupuesto, e incluso tienen la posibilidad de contratar a terceros para ejecutar los proyectos.
Los conceptos apoyados en los proyectos incluyen asesorías técnicas, campañas contra la pesca ilegal y la prevención de faltas administrativas, así como los gastos de operación, mantenimiento y funcionamiento de equipo de inspección y vigilancia, entre otros.
En el período 95% de los recursos se ejecutaron en proyectos de inspección y vigilancia con
cobertura estatal y el 5% restante fueron para proyectos regionales. La entidad con mayor presupuesto
resultó Sinaloa, que en conjunto obtuvo el 40% del subsidio.
De acuerdo con las reglas de operación, los recursos pesqueros y acuícolas objeto de los proyectos de inspección y vigilancia deben ser susceptibles de explotación comercial, deportivo-recreativa, o estar sujetos a alguna norma o regulación. Sin embargo, hasta el 2016 la información proporcionada por la CONAPESCA sobre los subsidios no incluía información del detalle de los proyectos llevados a cabo y el tipo de recursos pesqueros o acuícolas inspeccionados o vigilados.
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